La información que hasta ahora manejan los servicios de investigación, un grupo de empleados de las dos empresas paraestatales creó una estrategia de venta ilegal de las bombonas robadas, tras estropearse el software que contabilizaba el gas embotellado.
La estrategia fue conquistar a los principales mayoristas con los que contaba la empresa GEOGAM para la venta del producto, y proponerles un precio más reducido, en comparación a la tarifa legal. El Gobierno vendía a 3.800 Francos la bombona y el grupo de la trama la vendía a 3000 Francos.
Una práctica que, desde 2017, ha permito el desvío y venta ilegal de unas 720 mil bombonas de gas a precio ilícito.
Entre las distintas justificaciones de los que ahora prestan declaraciones en la gendarmería, algunos empleados de SONAGAS sostienen que se aprovechaban que ya se contabilizaba las bombonas manualmente, así podían desviar algunas con el permiso de sus superiores y venderlas con el fin de recaudar fondos que servían para la compra de material de oficina, combustible y motivación de empleados.
Ya era una práctica habitual con una estructura fija que permitía ganar al menos 1 millón 500 mil al día; con la venta de unas 300 a 400 bombonas por jornada a los 11 mejores mayoristas de la venta; dinero que correspondía a los componentes fijos de la idea.
No obstante, si una persona externa detectaba alguna anomalía, se le daba parte ese día para comprar su silencio; y si no se detectaba error en la operación, el dinero se repartía a nivel del grupo, porque, supuestamente todo ha estado bien.
A pesar de que la investigación sigue abierta, Gendarmería ya maneja nombres que, por ahora, se considera como cabecillas; se trata de Josefina ALENE, Directora Financiera de GEOGAM, ahora en el exterior; Javier Bandjoko, Jose Felipe Makina y Marcos Manuel Ntugu; Directores Técnicos y Supervisor de la planta respectivamente.
Fuente: Prensa Nacional
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