La documentación deberá ser presentada ante la Dirección General de Mantenimiento y, además de recoger el número exacto de empleados que posee cada firma, tendrá que definir el objetivo de su actividad, o en caso contrario, serán suspendidas con efecto inmediato.
La adjudicación de obras de mantenimiento de las infraestructuras públicas del Estado a las empresas solo por cuestiones de familiaridad o favoritismo es inadmisible en Guinea Ecuatorial.
Así de contundente ha sido el Vicepresidente de la República, S.E. Nguema Obiang Mangue, en la sesión de trabajo que ha mantenido este lunes, 26 de febrero, con los titulares de la sección ministerial de Obras Públicas, Sanidad, Tesorería y la Directiva de GEPROYECTOS; siendo el foco de los análisis y debates del encuentro el tema de las condiciones que deberá cumplir a partir de hoy cualquier entidad empresarial que pretenda hacerse cargo del cuidado de los edificios públicos que el Gobierno acomete en todo el ámbito nacional.
Después de que el Vicepresidente del Consejo de Ministros recibiera información sobre la millonada mensual que libera el Ejecutivo de Malabo para la realización de estos servicios, el encargado de Defensa y Seguridad del Estado ordenó realización de un estudio bien detallado sobre la situación de tales servicios cuyo informe igualmente se ha puesto sobre la mesa de conversaciones durante esta cita.
Continuando en la misma línea comunicativa, Nguema Obiang ha ordenado a sus interlocutores proceder con la creación de un prototipo de contrato donde figuren una serie de exigencias administrativas y técnicas a las que las empresas tendrán que acogerse para ganar o mantener un contrato laboral con la Administración Central de Malabo.
Desde la óptica del Número Dos del Estado ecuatoguineano, esta nueva política de funcionamiento obedece a la consecución de los siguientes objetivos: por un lado, racionalizar el gasto público, garantizar la conservación de las infraestructuras y aumentar los puestos de trabajo para el personal nacional. Y por otro, incrementar la recaudación de impuestos a través de los prestadores de servicios, aumentar las contribuciones sociales del Instituto de Seguridad Social (INSESO) y la tasa de bancarización.
Para alcanzar estos fines, la Segunda Máxima Figura del Ejecutivo de Malabo ha establecido un tiempo límite de 48 horas para que todas aquellas empresas ligadas al Gobierno mediante un contrato presenten sus respectivos expedientes juntamente con la lista de todos sus empleados ante la Dirección General de Mantenimiento. Ya que, ha dicho, cualquier empresa que no reuna las condiciones establecidas por el aparato gubernamental ecuatoguineano, por medio de la comisión creada para este cometido, su contrato será suspendido de manera inmediata.
Redacción: Andrés Ondó ETOGO OYÉ.
Fuente: Gabinete de Prensa e Imagen de la Vicepresidencia de la República.
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